Miercoles 04 deDiciembre de 2024
La ANM advierte riesgo de pérdida de más de 370 mil millones de pesos de regalías
Bogotá, 29 de noviembre de 2024. La Agencia Nacional de Minería (ANM) advierte sobre un grave riesgo para los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) tras un embargo, presuntamente irregular, decretado por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, Chocó. La medida afecta más de 370 mil millones de pesos, fondos esenciales para municipios y departamentos que dependen de estos recursos para inversión social y atención de necesidades básicas insatisfechas.
Para la ANM, esta decisión judicial presenta serias irregularidades, tales como:
- Los recursos no pertenecen a la ANM, sino a las Entidades Territoriales, y su embargo afecta directamente a los municipios y departamentos.
- Se desconoce el procedimiento legal vigente, que asigna a la Defensoría del Pueblo la administración y pago de las indemnizaciones ordenadas por la sentencia judicial.
- Viola el principio de inembargabilidad de los recursos de regalías, protegido por la legislación colombiana y la Corte Constitucional.
Antecedentes del caso
El proceso judicial se origina en una sentencia de 2016 que declaró responsables al municipio de Río Quito, Codechocó, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANM por daños ambientales causados por minería ilegal en la cuenca del río Quito. La condena, confirmada en 2022, ordenó el pago de indemnizaciones equivalentes a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los miembros de un grupo que inicialmente era de 7.005 personas y que ahora supera las 19.000.
A pesar de no tener competencias sobre minería ilegal la ANM ha presentado su defensa jurídica en todas las instancias. Sin embargo, en julio de 2024, el Juzgado de Quibdó ordenó un primer embargo por más de 370 mil millones de pesos. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2024, el mismo juzgado ordenó un segundo embargo por 445 mil millones de pesos, llevando el total bloqueado a más de 800 mil millones de pesos.
La ANM considera estas decisiones desproporcionadas e ilegales, pues afectan gravemente a las finanzas públicas y comprometen proyectos esenciales en las regiones.
Acciones de la ANM para proteger los recursos públicos
La ANM ha desplegado múltiples acciones para salvaguardar los recursos de regalías y garantizar que las indemnizaciones lleguen a sus destinatarios legítimos:
- Oposición al embargo, argumentando su inconstitucionalidad y falta de fundamento legal.
- Denuncias penales y quejas disciplinarias contra el juez responsable por presunto prevaricato ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
- Acciones de tutela, intervenciones, recursos, incidentes y escritos de coadyuvancia y solicitudes de vigilancia administrativa, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Federación Colombiana de Municipios, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cerca de 31 municipios de todo el país que presentaron acciones de tutela.
- Otras entidades y acciones en defensa del patrimonio. La ANM ha puesto en conocimiento de este caso y ha contado con el apoyo de la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, los consejos directivos de las federaciones de departamentos y municipios, la Gobernación del Chocó, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Contraloría General de la República, entre otras entidades. Asimismo, se han presentado solicitudes de vigilancia administrativa y se ha radicado una petición para la selección del expediente de tutela ante la Corte Constitucional.
- Garantías para el pago futuro, asegurando la inclusión de los recursos necesarios en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, con el objetivo de cumplir con las indemnizaciones establecidas por la sentencia judicial.
Compromiso con la transparencia y el desarrollo regional
La ANM reafirma su compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales y la protección del destino legítimo de los recursos públicos. Este caso demanda una atención coordinada por parte de las instituciones y un seguimiento riguroso de las actuaciones judiciales para garantizar que los derechos de las comunidades más vulnerables no se vean afectados y que los más de 19 mil chocoanos, legítimos beneficiarios de la indemnización reciban los recursos que les corresponden.
En suma, la ANM ha agotado todas las instancias y mecanismos de protección disponibles para garantizar la integridad del patrimonio público y asegurar que las indemnizaciones sean pagadas conforme a la ley y al procedimiento establecido. La entidad reafirma su compromiso de no desfallecer en este propósito.
